La reciente ley que regula el uso de los términos ibérico y pata negra tiene el noble fin de proteger el producto insignia de la gastronomía española, pero los nuevos costes y la burocracia que tienen que soportar los productores están empujándolos en algunos casos a abandonar la actual normativa: son los llamados jamones fuera de norma.
A Joselito nunca le ha ido mal estar fuera de la norma. No puede etiquetar sus jamones con nombres como «ibérico», «bellota» o «pata negra», pero todo el mundo lo reconoce como uno de los mejores jamones del mundo, incluidos los chefs más renombrados del planeta.
No le ha sido fácil cosechar tantos éxitos a esta empresa salmantina. Varias generaciones han mantenido sus estándares de calidad a un gran nivel, han cuidado las relaciones públicas como nadie y han invertido muchos recursos en marketing.
Por otro lado, los fabricantes con marcas menos potentes necesitan ganarse la confianza de los consumidores con otros argumentos, como el amparo de una Denominación de Origen o la garantía de que cumplen con los requisitos de la Ley del Ibérico.
Sin embargo, muchos de estos pequeños productores, que venden toda su producción en tiendas propias o a una pequeña red de clientes, están empezando a ofertar piezas fuera de la norma. El precio es más competitivo (entre 20€ y 30€ por pieza) y aseguran que los jamones son los mismos, pero que no han sido controlados por las entidades de inspección pertinentes y por lo tanto en la etiqueta sólo pueden decir «Jamón Gran Reserva» o cosas por el estilo, sin las preciadas y archiconocidas palabras clave.
Si confías en tu charcutero y este te dice que es un bellota pero que no puede etiquetarlo como tal, te lo crees y compras (si te gusta, claro). ¡Y eso que te ahorras!
¿Es esto un problema para el objetivo que en teoría perseguía la nueva ley? Creemos que sí por tres razones:
- La presencia en la calle de palabras como «pata negra» se reducirá y bajará su conocimiento popular.
- Se fía el apropiado cumplimiento de la normativa a un pequeño grupo de empresas certificadoras que a su vez dependen económicamente en gran parte de los servicios que prestan a los grandes fabricantes que deben controlar. Alguna de estas empresas ha denunciado recientemente que «algunas entidades más laxas aglutinan cada día más clientes».
- No se está ayudando a las pequeñas y medianas empresas, que hay que recordar que generan el 75% del empleo en España. La burocracia y la amenaza de sanciones son poco alentadoras.
Un proveedor me comentaba el otro día que, además de los 1.000€ al año que le cuesta la empresa de certificación, que casi es lo de menos, necesita tener a una persona dedicando casi la mitad de su tiempo a toda la burocracia que le supone llevar la trazabilidad y control exigidos por la ley.
Francisco Espárrago, director gerente de Señorío de Montanera, un fabricante extremeño de tamaño medio, apuntaba en la Cadena Ser a un fraude masivo en las certificaciones del que se beneficiarían principalmente las grandes empresas. La sensación en el sector es que el lobby de las grandes corporaciones se está adueñando del negocio y que, tarde o temprano, los pequeños quedarán marginados.
A esto hay que unir las sospechas que llegan del extranjero. Tuvo bastante revuelo el duro artículo publicado este año en el periódico alemán Süeddeutsche Zeitung, donde se decía que el 90% de las piezas de jamón que se venden como ibérico en el extranjero no lo son (puede leerse un resumen en español en La Vanguardia). El desprestigio internacional es lo último que necesitamos como sector y como país en general, y la normativa actual no parece haberlo atajado.
Así pues, el panorama que se configura es el de un gran negocio del que unos pocos quieren adueñarse aún arriesgando el potencial que parece tener.
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